Cálculo de la huella de carbono, ¿es obligatorio en España?
En los últimos años, el cálculo de la huella de carbono en las empresas ha cobrado mayor importancia, siendo obligatorio su medición para algunas organizaciones. En este post te contamos todo lo que necesitas saber sobre la obligación del cálculo de la huella de carbono en empresas en España.
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Cálculo de la huella de carbono, ¿es obligatorio en España?
El cálculo de la huella de carbono es esencial para evaluar el impacto ambiental de las actividades humanas, especialmente en el ámbito empresarial. A pesar de que con anterioridad no existía en España regulación específica para ello, en la actualidad, ya se encuentra regulado. Sigue leyendo el post porque en él te contamos qué es el cálculo de la huella de carbono, cuál es la legislación aplicable en España y qué empresas están obligadas a medirlo.
¿Qué es el cálculo de la huella de carbono?
El cálculo de la huella de carbono es un proceso que implica cuantificar la cantidad total de gases de efecto invernadero (GEI) liberados a la atmósfera como resultado de las actividades humanas, expresadas en equivalentes de dióxido de carbono (CO2e). En las organizaciones, este cálculo se realiza para evaluar el impacto ambiental de su actividad, así como para desarrollar estrategias efectivas de reducción de emisiones y contribuir a la lucha contra el cambio climático.
El proceso de cálculo de la huella de carbono implica varios pasos:
Identificación de fuentes de emisiones: Se identifican y se clasifican todas las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a las actividades que se llevan a cabo en la organización.
Recolección de datos: Se recopilan datos relevantes y específicos sobre el consumo de recursos y la generación de emisiones de cada una de las fuentes identificadas.
Cálculo de emisiones: Se utilizan factores de emisión estándar o específicos de la región para calcular la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con cada actividad. Estos factores convierten las actividades en emisiones de CO2e.
Suma y reporte: Se suman todas las emisiones calculadas para obtener la huella de carbono total. Este resultado se presenta generalmente en toneladas de CO2e y de él se extraen conclusiones como principales fuentes de emisiones, áreas de oportunidad para reducir la huella de carbono y posibles estrategias de mitigación.
Legislación aplicable en España
En España, el cálculo de la huella de carbono ha sido principalmente voluntario. Sin embargo, con la entrada en vigor de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, se establece la obligatoriedad del cálculo para ciertas empresas. Estas entidades, además, deberán elaborar y publicar un plan para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Las especificaciones sobre esta nueva obligación se encuentran en la modificación del Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, que establece el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono.
Será obligatorio medir la huella de carbono en las empresas afectadas por la Ley 11/2018, las cuales deberán realizar el cálculo anualmente y elaborar un plan de reducción de emisiones. Estarán obligadas las empresas que cumplan con los siguientes criterios:
El número medio de trabajadores empleados por las sociedades del grupo durante el ejercicio sea superior a 500.
O bien, tengan la consideración de entidades de interés público según la legislación de auditorías de cuentas, o bien, durante dos ejercicios consecutivos reúnan, al cierre de cada uno, al menos dos de las siguientes condiciones:
El total de las partidas del activo consolidado sea superior a 20.000.000€.
El importe neto de la cifra anual de negocios consolidada supere los 40.000.000€.
El número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 250.
Estas obligaciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2025, haciendo referencia a la huella correspondiente al año 2024. Es importante destacar que estos criterios se aplican a nivel nacional, aunque a nivel autonómico pueden existir requisitos diferentes, como es el ejemplo de la Comunidad Valenciana, País Vasco o Andalucía.